NarcoAmérica
Agosto / 2011
publicado por Yerba
La intervención y la guerra
La mañana del 7 de agosto las principales páginas del periódico estadounidense, New York Times (NYT), reflejaban una sorprendente noticia: 24 agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), la DEA (Oficina internacional antinarcóticos) y militares jubilados del Comando Norte del Pentágono estaban dirigiendo, desde un centro de fusión binacional instalado en una base militar del norte de México, labores de inteligencia y de espionaje político dentro del país azteca. Las sospechas proyectadas en meses anteriores ante supuestas operaciones estadounidenses en suelo mexicano en el marco de la lucha contra el narcotráfico, gracias al rotativo neoyorquino, han sido cristalizadas en esta inciativa de coordinación conjunta concretada en la reunión que los presidentes de ambos países, Felipe Calderón y Barack Obama, celebraron el pasado marzo. Una coordinación que se ha mantenido en secreto, principalmente, porque atenta directamente contra la Constitución mexicana y la soberanía nacional del país latinoamericano. Una noticia que enciende de nuevo el debate de la solución de la guerra mexicana y significa un paso más del gobierno estadounidense hacia el control del país vecino.
La mañana del 7 de agosto las principales páginas del periódico estadounidense, New York Times (NYT), reflejaban una sorprendente noticia: 24 agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), la DEA (Oficina internacional antinarcóticos) y militares jubilados del Comando Norte del Pentágono estaban dirigiendo, desde un centro de fusión binacional instalado en una base militar del norte de México, labores de inteligencia y de espionaje político dentro del país azteca. Las sospechas proyectadas en meses anteriores ante supuestas operaciones estadounidenses en suelo mexicano en el marco de la lucha contra el narcotráfico, gracias al rotativo neoyorquino, han sido cristalizadas en esta inciativa de coordinación conjunta concretada en la reunión que los presidentes de ambos países, Felipe Calderón y Barack Obama, celebraron el pasado marzo. Una coordinación que se ha mantenido en secreto, principalmente, porque atenta directamente contra la Constitución mexicana y la soberanía nacional del país latinoamericano. Una noticia que enciende de nuevo el debate de la solución de la guerra mexicana y significa un paso más del gobierno estadounidense hacia el control del país vecino.
Según el New York Times el acuerdo comenzó a operar meses después de la firma de ambos presidentes con la ejecución de trabajos de inteligencia y planeación de operativos contra los cárteles de la droga. Estos trabajos se materializaron en la intercepción, gracias a equipo de tecnología punta, de comunicaciones confidenciales y codificadas, más de millar y medio de agentes encubiertos encargados de la recopilación de información por todo el territorio nacional y una flotilla de aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano. Toda la información recabada bajo estricto control de las autoridades estadounidenses. Una nueva etapa de la llamada Iniciativa Mérida (plan de cooperación bilateral en materia de seguridad entre EEUU y México) motivada por la destitución del embajador estadounidense, Carlos Pascual, después de que el sitio de internet Wikileaks filtrara varios cables del embajador cuestionando la capacidad real de las agencias de seguridad mexicanas para hacer frente a las mafias del narcotráfico, poniendo en tela de juicio la política del actual presidente de México, Felipe Calderón, en materia de seguridad. El nuevo embajador y responsable diplomático de este nuevo marco de cooperación, el estadounidense Earl Anthony Wayne, diplomático de carrera, pragmático, además de experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Llega al país mexicano después de una misión de varios años en Kabul, Afganistán. Curiosamente este país asiático junto con México fueron los señalados a principios de 2009 por el propio Pentágono como los dos únicos “Estados fallidos” del mundo. Aquellos que se caracterizan por una débil estructura institucional a punto de colapsar, donde se requeriría una intervención militar para evitar su derrumbe.
Evitar el colapso a cualquier precio
En el 2006, con la victoria en las elecciones generales del partido conservador (PAN) comienza en México la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Una estrategia que marca como eje central de la política de seguridad pública frente al crimen organizado la militarización: sacar al Ejército a las calles. En 2007, dentro del marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense empieza el apoyo logístico de esta “guerra” a través de planes de capacitación de efectivos, aporte de tecnología en comunicaciones y recursos materiales y económicos. En el supuesto de no intervención en suelo mexicano de agentes y tropas estadounidenses, únicamente a través de recursos y apoyo formativo y tecnológico. Por otro lado, y como apuntan distintas fuentes, la subcontratación de agencias de seguridad privada con estos recursos por parte del Pentágono y el Departamento de Estado es una constante desde el principio de la nueva política de Calderón. Los llamados “perros de guerra” han sido contratados para realizar tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia. En febrero de 2007 la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Meses más tarde la empresa SY Coleman Corporation estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea para proteger instalaciones de Pemex (petróleos mexicanos) en el estado de Veracruz. Llegando al año siguiente la firma Blackwater (o Xe Services) empezó a tener presencia en México.
Todas estas empresas son birn conocidas en otros conflictos abiertos hoy día como Colombia, Afganistán e Irak. Empresas que empiezan a ser usadas como ejércitos privados en países que además de conflictos sociales irresueltos tienen en común el crecimiento del poder de las mafias del narcotráfico en los últimos años. Junto a estos y a partir de esta nueva etapa serán hasta ocho corporaciones dependientes del gobierno estadounidense las que van a operar en suelo mexicano: representantes de la DEA, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio Secreto, los marshalls, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) más agregados de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia. Muchas de estas instituciones son investigadas actualmente tras el fracaso de la operación encubierta “Fast and Furious” que permitió la compra de armas de última generación del ejército norteamericano por parte de los cárteles mexicanos. Una realidad que ha llevado al analista y catedrático uruguayo y residente en México, Carlos Fazio a afirmar: “Que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense, junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de contratistas privados, operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.”
En el 2006, con la victoria en las elecciones generales del partido conservador (PAN) comienza en México la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Una estrategia que marca como eje central de la política de seguridad pública frente al crimen organizado la militarización: sacar al Ejército a las calles. En 2007, dentro del marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense empieza el apoyo logístico de esta “guerra” a través de planes de capacitación de efectivos, aporte de tecnología en comunicaciones y recursos materiales y económicos. En el supuesto de no intervención en suelo mexicano de agentes y tropas estadounidenses, únicamente a través de recursos y apoyo formativo y tecnológico. Por otro lado, y como apuntan distintas fuentes, la subcontratación de agencias de seguridad privada con estos recursos por parte del Pentágono y el Departamento de Estado es una constante desde el principio de la nueva política de Calderón. Los llamados “perros de guerra” han sido contratados para realizar tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia. En febrero de 2007 la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Meses más tarde la empresa SY Coleman Corporation estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea para proteger instalaciones de Pemex (petróleos mexicanos) en el estado de Veracruz. Llegando al año siguiente la firma Blackwater (o Xe Services) empezó a tener presencia en México.
Todas estas empresas son birn conocidas en otros conflictos abiertos hoy día como Colombia, Afganistán e Irak. Empresas que empiezan a ser usadas como ejércitos privados en países que además de conflictos sociales irresueltos tienen en común el crecimiento del poder de las mafias del narcotráfico en los últimos años. Junto a estos y a partir de esta nueva etapa serán hasta ocho corporaciones dependientes del gobierno estadounidense las que van a operar en suelo mexicano: representantes de la DEA, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio Secreto, los marshalls, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) más agregados de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia. Muchas de estas instituciones son investigadas actualmente tras el fracaso de la operación encubierta “Fast and Furious” que permitió la compra de armas de última generación del ejército norteamericano por parte de los cárteles mexicanos. Una realidad que ha llevado al analista y catedrático uruguayo y residente en México, Carlos Fazio a afirmar: “Que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense, junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de contratistas privados, operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.”
Las reacciones a una intervención internacional
Que asesores de inteligencia estadounidenses recolecten información estratégica en tiempo real, guíen y participen de manera encubierta en operaciones tácticas y entrenen a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica vulnerando de manera directa la legislación mexicana es algo que cuando se ha hecho público no ha tardado en ser duramente criticado. “Confirmar y aclarar la existencia de ese memorando firmado en marzo de 2011 entre ambos presidentes es uno de los puntos principales que el gobierno de Calderón debe explicar ante el Congreso, ya que fue diseñado para violar las leyes mexicanas, mismas que prohíben la operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras y la participación directa de otra nación en asuntos internos, sobre todo si son de seguridad nacional”. Con esta dureza se expresaba el senador Carlos Jiménez Macías del principal partido de oposición, el PRI. Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez recordó: “El ejecutivo tiene que dar cuentas de muchas cosas, los sobrevuelos de naves no tripuladas de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano, es uno de los asuntos en que no ha habido respuesta gubernamental, al igual que en lo concerniente al operativo Fast and Furious”.
La sorpresa y las exigencias que se han extendido por toda la clase política mexicana, principalmente a los que han mantenido al margen de cualquier tipo de información también ha llegado a los movimientos sociales. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que surgió fruto de la indignación de los familiares de todas esas víctimas colaterales de esta guerra que en julio de 2011 contaba con más de 42 mil decesos, a través de su principal vocero, Javier Sicilia, afirmó rotundamente: “La intromisión directa de los cuerpos de seguridad estadounidenses en la guerra contra el crimen organizado es repugnante y llega casi a niveles de ocupación, lo que se suma al envilecimiento de las fuerzas armadas del país. Por ello hay que manifestarse 
en contra del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, a la que considero una herramienta que busca legitimar las muertes y desapariciones por la lucha contra el narcotráfico. Por ello convoco a instituir una ley de seguridad humana que se convierta en un instrumento jurídico para alcanzar la paz”. Sicilia, poeta, catedrático y columnista mexicano, se convirtió en el abanderado de este movimiento de revolución pacífica tras conocer el asesinato de su hijo junto a 20 personas más en la ciudad de Cuernavaca. El estado se negó a investigar el suceso acusándo a todas las víctimas de tener conexiones con el narcotráfico. 42 mil víctimas que, según los expertos, pueden llegar a convertirse en más de 70 mil al final de la legislatura del presidente Calderón en 2012. Más de 15 mil muertos durante el 2010 y cerca de 8 mil en la mitad del año en curso. Todo ello en medio de una operación de intervención militar internacional a la altura de Irak y Afganistán. Un momento histórico para México que el escritor John Saxe-Fernández resume de la siguiente manera: “La transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security”.
Que asesores de inteligencia estadounidenses recolecten información estratégica en tiempo real, guíen y participen de manera encubierta en operaciones tácticas y entrenen a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica vulnerando de manera directa la legislación mexicana es algo que cuando se ha hecho público no ha tardado en ser duramente criticado. “Confirmar y aclarar la existencia de ese memorando firmado en marzo de 2011 entre ambos presidentes es uno de los puntos principales que el gobierno de Calderón debe explicar ante el Congreso, ya que fue diseñado para violar las leyes mexicanas, mismas que prohíben la operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras y la participación directa de otra nación en asuntos internos, sobre todo si son de seguridad nacional”. Con esta dureza se expresaba el senador Carlos Jiménez Macías del principal partido de oposición, el PRI. Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez recordó: “El ejecutivo tiene que dar cuentas de muchas cosas, los sobrevuelos de naves no tripuladas de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano, es uno de los asuntos en que no ha habido respuesta gubernamental, al igual que en lo concerniente al operativo Fast and Furious”.
La sorpresa y las exigencias que se han extendido por toda la clase política mexicana, principalmente a los que han mantenido al margen de cualquier tipo de información también ha llegado a los movimientos sociales. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que surgió fruto de la indignación de los familiares de todas esas víctimas colaterales de esta guerra que en julio de 2011 contaba con más de 42 mil decesos, a través de su principal vocero, Javier Sicilia, afirmó rotundamente: “La intromisión directa de los cuerpos de seguridad estadounidenses en la guerra contra el crimen organizado es repugnante y llega casi a niveles de ocupación, lo que se suma al envilecimiento de las fuerzas armadas del país. Por ello hay que manifestarse 
en contra del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, a la que considero una herramienta que busca legitimar las muertes y desapariciones por la lucha contra el narcotráfico. Por ello convoco a instituir una ley de seguridad humana que se convierta en un instrumento jurídico para alcanzar la paz”. Sicilia, poeta, catedrático y columnista mexicano, se convirtió en el abanderado de este movimiento de revolución pacífica tras conocer el asesinato de su hijo junto a 20 personas más en la ciudad de Cuernavaca. El estado se negó a investigar el suceso acusándo a todas las víctimas de tener conexiones con el narcotráfico. 42 mil víctimas que, según los expertos, pueden llegar a convertirse en más de 70 mil al final de la legislatura del presidente Calderón en 2012. Más de 15 mil muertos durante el 2010 y cerca de 8 mil en la mitad del año en curso. Todo ello en medio de una operación de intervención militar internacional a la altura de Irak y Afganistán. Un momento histórico para México que el escritor John Saxe-Fernández resume de la siguiente manera: “La transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security”.
“Estamos hasta la madre”
“No más sangre”, “Paz con Justicia y Dignidad” son las consignas gritadas por los adherentes al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad abanderado por Javier Sicilia. El poeta sentencia: “El inmenso número de víctimas en lo que va de sexenio, los cuales se han caracterizado como un todo, apilados, sin nombre y sin historias, haciéndolos parecer como daños colaterales”. “Estos hombres y mujeres asesinados son solo el inicio más rojo del hilo que lleva a las desapariciones forzadas, los exilios, los deplazamientos forzosos, la tortura, las
extorsiones, la corrupción, la impunidad y el desgarre del tejido social”. Por ello tanto para el poeta y padre como para el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: "No hay justificación, no hay manera de aceptar la violación a la soberanía nacional, y la presencia de dichos agentes ratifica la dependencia que tenemos de Estados Unidos, que no ha hecho su parte en esta lucha que tanto le ha costado a los mexicanos". Nuevas políticias de intervención hacia otros países, sin que el propio EEUU no haya hecho ni la más mínima crítica a su política de venta y tráfico de armas a su vecino en guerra y sin que el país con más índice de consumo de drogas del mundo no plantee un cambio en su política hacia la desregularización de las drogas.
“No más sangre”, “Paz con Justicia y Dignidad” son las consignas gritadas por los adherentes al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad abanderado por Javier Sicilia. El poeta sentencia: “El inmenso número de víctimas en lo que va de sexenio, los cuales se han caracterizado como un todo, apilados, sin nombre y sin historias, haciéndolos parecer como daños colaterales”. “Estos hombres y mujeres asesinados son solo el inicio más rojo del hilo que lleva a las desapariciones forzadas, los exilios, los deplazamientos forzosos, la tortura, las
extorsiones, la corrupción, la impunidad y el desgarre del tejido social”. Por ello tanto para el poeta y padre como para el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: "No hay justificación, no hay manera de aceptar la violación a la soberanía nacional, y la presencia de dichos agentes ratifica la dependencia que tenemos de Estados Unidos, que no ha hecho su parte en esta lucha que tanto le ha costado a los mexicanos". Nuevas políticias de intervención hacia otros países, sin que el propio EEUU no haya hecho ni la más mínima crítica a su política de venta y tráfico de armas a su vecino en guerra y sin que el país con más índice de consumo de drogas del mundo no plantee un cambio en su política hacia la desregularización de las drogas.
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