Las nuevas (y viejas) políticas contra las drogas de EEUU
NarcoAmérica
Julio / 2011
publicado en Yerba
El pasado mes de junio se
cumplieron 40 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico promulgada
desde los Estados Unidos de Norteamérica. El 17 de junio de 1971 el presidente
estadounidense, Richard Nixon, declaró en la Casa Blanca que el abuso de drogas
era el “enemigo público número uno” de Estados Unidos y desde entonces las
políticas de intervención y ataque a las fuentes de producción, distribución y
consumo de drogas tanto fuera como dentro del país se multiplicaron. Con un
primer presupuesto de 100 millones de dólares se inició hace 40 años la llamada
guerra contra las drogas. Hoy día, con más de
40 mil millones de presupuesto, según datos de 2010, y con una política de intervención que ha
permitido a EEUU realizar acciones en cientos de países en todo el mundo, ni uno sólo de los
objetivos planteados por Nixon en 1971 han sido alcanzados. Incompetencia,
intereses, cambios estratégicos, evolución de los grupos delictivos... gran
cantidad de variables parecen justificarlo pero nada hace cambiar el nulo
avance de los gobiernos contrastado con el desarrollo y poder de las nuevas
mafias del narcotráfico.
Lejos de la auto-crítica, y
en el comienzo de este año, los distintos organismos legislativos
estadounidenses han advertido de la necesidad de extender la lucha contra las
drogas a otras regiones del continente. Desde la década de los 80 se
desarrollaron diferentes planes en países como Colombia y México. Planes que
continúan hoy día y que han llevado a
una situación donde los grupos delictivos han alcanzado tanto poder que han
permeado dentro de las propias estructuras democráticas haciendo imposible
diferenciar a unos de otros. Frente a esto son muchas las voces que dentro y
fuera de EEUU se alzan contra las políticas de persecución y castigo y que
impulsan un nuevo debate hacia otras soluciones. El debate interno sigue en
juego mientras la maquinaria político militar de la primera potencia mundial
sigue dando pasos sobre nuevos territorios con una excusa, la guerra del
narcotráfico, que no ha traído ni un sólo beneficio directo ni al pueblo
estadounidense ni a los países que han aceptado su plan contra las drogas.
Centroamérica,
persiguiendo a las mafias
El Senado de los Estados
Unidos de América advertía hace unos meses de la extrema vulnerabilidad de la
frontera sur de México con Guatemala. El senador de más alto rango en el Caucus
Internacional de Narcóticos de la cámara alta norteamericana, Charles Grassley,
alertaba: “La frontera Sur de México tiene sólo ocho retenes de revisión con
una presencia débil o inexistente del gobierno para detener a los
narcotraficantes que se mueven libremente en fronteras nacionales de
Centroamérica a México, sin que nadie parezca preocupado por detenerlos".
Grassley, del partido republicano, junto con Thomas Harrigan, jefe de
Operaciones de la DEA (oficina contra el narcotráfico estadounidense)
comentaron en su intervención que las elevadas tasas de criminalidad, pobreza y
corrupción en la región centroamericana no se resolverían más que con equipo,
recursos y entrenamiento adecuados que permitan a los “débiles” gobiernos de la
región afrontar al crimen organizado. El propio Harrigan cofirmaba la creciente
presencia de cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa y
Los Zetas, que se están enriqueciendo ya no sólo con el tráfico de drogas sino
también con el de armas y personas. La audiencia propiciada por el senado acabó
dando a conocer un reporte que analizaba las organizaciones criminales
vinculadas al narcotráfico y en el que recomendaba de manera principal un
punto: el bloqueo de los recursos ilícitos de las organizaciones del
narcotráfico, estimados entre 18 mil y 39 mil millones de dólares anuales,
mediante mayores esfuerzos oficiales y del sector privado. Unos recursos que
llevan a que estas organizaciones estén en muchos casos mejor armadas que el
propio ejército que las enfrenta y que algunos de sus cabecillas, como el Chapo
Guzmán del cártel de Sinaloa, lleven varios años dentro de las cincuenta
personas más ricas del mundo según la revista Forbes.
Fast and Furious
A finales de 2010 dos personas
fueron emboscadas mientras conducían una camioneta con lunas tintadas en el
estado de Tamaulipas al norte de México. Nada fuera de lo común en un país que
suma casi cuarenta mil muertos en los últimos cuatro años a causa de la “guerra
contra el narcotráfico”, con enfrentamientos diarios entre los diferentes
cárteles, ejército y cuerpos de policía. Este caso fue distinto, los
emboscados, totalmente fuera de lo común y legal, eran agentes encubiertos de
la DEA. En ese momento salió a la luz una operación estadounidense en suelo
mexicano que no contaba con la aprobación de ninguno de los gobiernos
implicados y que a su vez no estaba resultando tal y como se había planeado. La
operación “rápido y furioso” tomaba el
nombre de la famosa secuela de películas de coches de alta velocidad, y con
ella la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus
siglas en inglés) pretendía dar el golpe definitivo a las redes de tráfico de
armas de EEUU a México. La ATF y su director, Kenneth Melson, autorizaron a traficantes de armas de Arizona la compra
múltiple de armamento militar de última generación en suelo estadounidense con
el fin de rastrear ese arsenal y desmantelar las redes de tráfico ilegal de
armas en México. Un plan que rápidamente se salió de control y ha permitido que
unas 2 mil 500 armas de alto poder, según datos de la propia ATF, hayan
desaparecido y presumíblemente se encuentren en manos de los cárteles mexicanos
sin ninguna evidencia de cómo llegaron hasta allí. Poniendo de manifiesto la negligencia de las instituciones encargadas de la lucha contra el
crimen organizado además de la porosidad de las fronteras y el alto grado de
permeabilidad del crimen en los cargos públicos de uno y otro lado del río
Bravo. El pasado mes de junio, el Senado estadounidense hizo públicas las
conclusiones del grupo de senadores encargados de la investigación del caso,
comenzaba así: “Este reporte confirma lo que la mayoría de nosotros ya
sabíamos, que por encima de las medidas que tomemos para fortalecer la frontera
sur (de EEUU), sigue siendo muy fácil para los narcotraficantes mexicanos el
conseguir armas de alto poder y de un grado militar”. De las 29 mil armas
incautadas en México en actos criminales, más de 20 mil, el 70 por ciento,
provienen de los Estados Unidos de América.
La tragedia mexicana
Tras el escándalo originado
por la operación fallida legisladores de todas las fuerzas políticas y
activistas sociales mexicanos demandaron al presidente de la nación azteca
Felipe Calderón que se posicionara frente al reciente informe de la cámara alta
del país vecino donde se involucraba directamente a tres altos mandos de los
EEUU en el envío ilegal de armas de alto poder a México. La respuesta del
presidente que impulsó la actual guerra contra el crimen organizado hace ahora
cinco años hacia su principal socio en esta aventura ha sido nula. Cinco años
de guerra y miles de millones invertidos en la lucha no han conseguido avances
significativos en la reducción de poder de las mafias y sí 40 mil víctimas
mortales. Eduardo Buscaglia, asesor de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), catedrático de las universidades de Berkeley y Columbia, en una visita a
la Casa de América de Madrid a mediados de junio de este año resumía la
situación mexicana de esta manera: “La delincuencia organizada
mexicana es de Estado. No se puede comprender este fenómeno sin entender al
sistema político mexicano y su evolución desde el partido único que prevaleció
70 años, hacia lo que es hoy, un Estado fragmentado y semicapturado por grupos
criminales diversos. Hoy el Estado mexicano es un rompecabezas donde cada
fragmento le responde y le pertenece a un grupo criminal diferente”. Con más de
20 años investigando el fenómeno del crimen organizado y un reciente trabajo
realizado en México al respecto a petición de la ONU, para Buscaglia hay un
responsable más que claro, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García
Luna, responsable de las políticas de seguridad pública en los últimos diez
años, el catedrático comenta al respecto:
“A mí me gustaría que le preguntaran al presidente Felipe Calderón qué
es lo que explica que el arquitecto del fracaso y de la tragedia mexicana esté
ahí. En cualquier otro país, con un sistema de derecho medianamente refinado,
García Luna ya hubiese renunciado hace mucho tiempo y hubiese sido investigado
por el Congreso y por el Poder Judicial por negligencia y algún tipo de
comportamiento antisocial.” Una impunidad que se extiende a todos los crímenes
cometidos en estos cinco años vinculados a la lucha contra el narcotráfico.
El fracaso dentro de EEUU
Según cálculos oficiales,
entre 20 y 25 millones de estadunidenses usarán alguna droga ilícita este año
–unos 10 millones más que en 1970. Según cifras oficiales, cada día casi 8 mil
estadunidenses consumen una droga de manera ilegal por primera vez y así se
suman a los más de 20 millones de usuarios de drogas ilícitas. Según un
reportaje especial publicado por Associated Press el año pasado, EEUU ha
dedicado en las últimas 4 décadas 49 mil millones de dólares a esfuerzos de
seguridad antidrogas en las fronteras; 121 millones de dólares para arrestar a
casi 40 millones de personas por delitos de drogas no violentos, casi un
terciode esta cantidad por posesión de marihuana y otros 450 mil millones para
encarcelar a estos en prisiones federales. 40 años de políticas de persecución
y castigo que han convertido a los Estados Unidos de América en el país con más
encarcelados del mundo, unos 2,3 millones de personas, el 25 por ciento de los
priosioneros del planeta y de los cuales más de 500 mil por delitos relacionados
con la droga. Un incremento del mil 200 por cien con respecto a la década de
los 80 donde había 41 mil prisioneros relacionados con los estupefacientes. Una
lluvia de datos que al actual presidente, Barack Obama, no le pasan
inadvertidos pero a los que todavía no ha enfrentado con una nueva política
frente a las drogas dentro del país más consumidor del mundo. Como colofón a
tanto despropósito los datos de los últimos años han llevado al gobierno a
actual a catalogar como epidemia el abuso de fármacos recetados legalmente por
doctores. Según el propio gobierno hay más muertes asociadas al abuso de
narcóticos y opiáceos legales que a los que perecen por sobredosis de cocaína y
heroína juntos. Tanta inversión, tantos años y unos resultados tan desfavorables.
La teoría conspiratoria
Con motivo del 25
aniversario del periódico mexicano La Jornada, el intelectual disidente más
destacado de Estados Unidos, Noam Chomsky ofreció su punto de vista sobre la
“guerra contra las drogas”. Una guerra que según el profesor del Instituto
Tecnológico de Masachusetts (MIT por sus siglas en inglés) siempre ha tenido
otros objetivos distintos a los oficialmente pronunciados: “La guerra contra la
droga, que desgarra a varios países de América Latina, entre los que se encuentra
México, tiene viejos antecedentes. Revitalizada por Nixon, fue un esfuerzo por
superar los efectos de la guerra de Vietnam en Estados Unidos.” Según el autor
de El nuevo orden mundial (y el viejo) fue un intento de la época por
revertir el movimiento antibélico y demócrata que surgió entre los jóvenes
estadounidenses durante la guerra de Vietnam. “Los estudios llevados a cabo por
el gobierno estadounidense, y otras investigaciones, han mostrado que la forma
más efectiva y menos costosa de controlar el uso de drogas es la prevención, el
tratamiento y la educación. Han mostrado además que los métodos más costosos y
menos eficaces son las operaciones fuera del propio país, tales como las
fumigaciones y la persecución violenta. El hecho de que se privilegien constantemente
los métodos menos eficaces y más costosos sobre los mejores es suficiente para
mostrarnos que los objetivos de la ‘guerra contra las drogas’ no son los que se
anuncian.” Para Chomsky el interés real de los diferentes ejecutivos que han
gobernado los Estados Unidos que han mantenido durante 40 años una serie de
políticas contradictorias y duras frente al consumo de droga han sido la
expansión y control de nuevos territorios al servicio de Estados Unidos y el
control social a nivel interno del país. Teorías conspiratorias al margen, a pesar de la ciencia y de la evidencia
empírica en torno a la guerra contra las drogas, 40 años
después, el paradigma inicial de definir el problema en términos bélicos
persiste hoy día. De hecho, ya es una de las guerras más caras, más
destructivas y más largas en la historia de los Estados Unidos y del mundo.
Promete ser eterna si no hay un cambio de paradigma sobre la manera en la que
esta sociedad aborda este problema.
Nuevas voces contra la
barbarie
Con motivo del 40
aniversario de la declaración de la guerra contra las drogas, el ex presidente
estadounidense y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, quiso expresar su total
desacuerdo con las políticas de persecución y castigo al consumo de drogas. El
ex presidente declaró que la guerra contra las drogas es un completo fracaso y
llamó a emprender un cambio de paradigma a nivel mundial que incluya medias de
despenalización al consumo y al cultivo, experimentación con modelos de
regulación legal, fin al encarcelamiento masivo de acusados por delitos de
drogas no violentos y mayor atención al tratamiento de adictos. Junto a él el
ex jefe de la Reserva Federal norteamericana, Paul Volcker y el secretario de
Estado (Ministro de Interior) de Ronald Reagan, George Shultz realizaron un
pronunciamiento conjunto que empezaba de la siguiente manera: “Por
40 años la manera de abordar (el asunto del control de drogas) de nuestra
nación fue criminalizar el proceso de producir, transportar, vender y usar
drogas, salvo tabaco y alcohol. A nuestro juicio, esta manera de abordarlo no
ha funcionado, de igual manera que fracasó nuestro experimento nacional con la
prohibición del alcohol.” Además ambas personalidades criticaron el alto
costo económico de esta guerra interminable y la terrible situación de México,
que en cinco años de guerra abierta sus bajas son comparables a las
estadounidenses durante la guerra de Vietnam y de Corea. El comunicado termina
con un fragmento de un artículo publicado hace 20 años por el controvertido economista
Milton Friedman: “La ilegalidad crea ganancias obscenas que financian las tácticas asesinas de los capos
del narco; la ilegalidad lleva a la corrupción de oficiales de seguridad
pública”. Shultz y Volcker no apoyan directamente la legalización de toda droga
pero defienden la necesidad de un debate “abierto y honesto” sobre el tema.
También con motivo del 40 aniversario del comienzo de la guerra contra las
drogas una agrupación nacional de policías, jueces, fiscales y agentes
federales, junto con algunos ex jefes de policía, que han participado en esta
guerra, entregaron un informe en la Casa Blanca denunciando la continuación de
la guerra contra las drogas y exigiendo que el prohibicionismo fuera abandonado
tras su claro fracaso. Nuevas voces clamando lo que para muchos ya es un hecho:
la necesidad de la despenalización.
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